La negativa de Ayuso a reunirse con Sánchez, para participar en una reunión-trampa respecto a una financiación que el presidente ya ha pactado con ERC, tiene motivos: Moncloa sólo quería la foto para propagar la falsedad de que el trato bilateral no es una concesión exclusiva al nacionalismo catalán. Aun así, es una decisión equivocada porque la mejor manera de desnudar a un tahúr es desde un pulcro respeto a la institución que se representa. Es decir, ser la antítesis política y moral de Sánchez.
Es también un movimiento inoportuno, ya que al coincidir con el anuncio de que su pareja inicia una batalla legal contra Sánchez y Bolaños por haberle llamado «delincuente», mientras utilizaban la Fiscalía para destruirlo, da la impresión de que Ayuso hace con su novio lo mismo que lleva practicando el presidente del Gobierno con su esposa: mezclar lo personal y lo institucional en su defensa.
Al margen de la pugna política que sostienen los dos dirigentes, el rechazo a acudir a la escenificación en Moncloa, siendo el único líder autonómico del PP en adoptar esta medida, permite una lectura en clave interna: presenta la estructura y filosofía federal (¡casi confederal!) con la que se articula el partido -que les dio excelentes resultados en las pasadas elecciones autonómicas-, mediante unos barones territoriales que hacen y deshacen a su antojo y muchas veces de manera contradictoria entre sí y con el deseo de su electorado.
El paradigma de estas diferencias entre los diferentes PP respecto a unas cuestiones centrales, que exigirían una posición clara y única, se da con la defensa del castellano como lengua vehicular en las instituciones y la escuela. Así, mientras el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha mitigado las políticas pancatalanistas de su predecesor, Ximo Puig, con la ley por la Libertad Educativa, y en Cataluña el líder del PP, Alejandro Fernández, ha hecho de la defensa de los derechos de los castellanohablantes una bandera moral, en Baleares, su presidenta, Marga Prohens, mantiene las políticas de exclusión del español en las aulas, copiadas de ERC y que dejó como tóxico legado Francina Armengol.
Tras haber llegado a un acuerdo de mínimos entre PP y Vox en noviembre de 2023 para la reintroducción del español en la escuela de Baleares, a la práctica, todas las decisiones e inacciones de Prohens y su consejero de Educación, Atoni Vera, han ido dirigidas a boicotear el cambio de modelo. Empezando por exigir para la aplicación del plan piloto de elección del español como lengua vehicular en primaria y secundaria el requisito de que, al menos un 20% de las familias de cada centro, pida clases en castellano.
A pesar de la denuncia de Escuela de Todos -entidad en favor del bilingüismo que Prohens-, Vera evitó lanzar una campaña informativa en las semanas previas a la matriculación del curso 2024 para explicar a las familias que podían elegir la lengua principal de aprendizaje de sus hijos. Y permitieron que en muchos de los centros educativos de Escola Catòlica (la patronal de la concertada balear) prescindieran de la casilla para elegir el español.
Esta política pancatalanista de Prohens cuenta por ahora con el aval de la dirección nacional del PP, que calla y otorga, y la aplica a partir de una interpretación propia del «bilingüismo cordial» que gusta a Núñez Feijòo y que en Baleares sirve al PP local para atentar contra la Constitución.