La adecuación de la legalidad al interés personal es una característica de los autoritarismos. Un peligroso deslizamiento hacia la arbitrariedad del poder se inició en España con aquella ley penal ad personam que derogó la sedición y abarató la malversación de la concreta élite nacionalista de la que dependía el Gobierno para votaciones clave. Y alcanzó un probable punto de no retorno con el acto de corrupción en el que se funda esta legislatura: la amnistía que privilegió a un grupo de ciudadanos con nombre y apellidos, que redactaron de su propia mano la misma ley que va a entregarles la impunidad, a cambio de los siete votos que le hacían falta a Pedro Sánchez para sobrevivir en el poder. «Hay cosas que, simplemente, no pueden hacerse, aunque sea por un principio de pudor, última ratio de la conducta civilizada», escribió en EL MUNDO el filósofo Javier Gomá.
Como en un kirchnerismo cualquiera, las tribulaciones conyugales del presidente del Gobierno se han convertido ahora, desde la imputación de su esposa, en uno de los motores de la acción política del Estado. Pudor, ¿qué pudor? La ley de desactivación sorpresiva de la acción popular que anunció anteayer el PSOE es una involución democrática que tiene como primer objetivo la descalificación general de las investigaciones que afectan a Begoña Gómez y a David Sánchez y forzar su cierre, como constata la cláusula para que se aplique con carácter retroactivo. Todo un traje a medida. También dificultará el progreso de la que le quita al sueño al fiscal general, favorecerá la injerencia en la de José Luis Ábalos y facilitará el regreso de Carles Puigdemont. En los momentos difíciles, nos quedan la familia y los amigos.
El botín adicional es afianzar el desgarro de la separación de poderes, la independencia judicial y la igualdad ante la ley. El desprestigio inducido del periodismo: casi todos los grandes escándalos, desde Filesa hasta Gürtel y, por supuesto, Begoña Gómez, se han conocido gracias a «recortes de prensa». Y en sentido amplio, el deterioro irreparable de nuestra cultura política compartida: se puede tener la opinión que se quiera sobre esas causas penales y sobre las acusaciones populares, pero entre lo indiscutible para todos debería estar una idea de la democracia que proscriba que el aparato legislativo del Estado se ponga al servicio privativo de una familia y de un entorno político. Ya no es así. El presidente ha conseguido, a través de la cohesión sentimental de sus bases, revertir el proceso de fiscalización del poder: sus medios afines le expresan adhesión acrítica y zahieren en cambio a los jueces y periodistas que se atreven a controlarlo a él.
La acción popular es una tradición genuinamente española que se introdujo en la Constitución como un instrumento de control ciudadano sobre el poder: la propuso el diputado Raúl Morodo y lo acogió con entusiasmo el Grupo Socialista, en el que juristas de izquierdas como Gregorio Peces-Barba o Pablo Castellano conocían bien el riesgo de entregar el monopolio de la acusación a la Fiscalía, por su permeabilidad a las sugestiones del Ejecutivo. Nadie se habría atrevido a impulsar la investigación de los GAL si no hubiese sido aquella minúscula Asociación contra la Tortura de Fernando Salas. La sociedad civil pierde influencia y el ciudadano, derechos; el poder se blinda.
La derogación de facto de la acusación popular es probablemente inconstitucional -lo que, con Cándido Conde-Pumpido mediante, tanto da-, pero sobre todo tiene como consecuencia siniestra la supremacía sin contrapesos del Ministerio Fiscal en el proceso penal: en muy pocas fechas se presentará en el Consejo de Ministros la reforma que entrega a los fiscales la instrucción de los procedimientos y nada apunta a que vaya a reforzarse su autonomía del poder político, que de dos plumazos adquiriría así garantías de impunidad para su corrupción. No es casualidad que Sánchez aproveche para reforzarse la situación de postración en la que se encuentra el fiscal general, que sobrevive gracias al favor de aquel al que ahora podrá corresponder de nuevo en las investigaciones que más le preocupan. Para esto sirve un fiscal general imputado. ¿Puede ofrecer alguna confianza una institución dirigida por quien se prestó a participar en una operación de Estado contra una adversaria política? Con razón el presidente lo llama «su fiscal general».
Patxi López presentó la proposición de ley como un antídoto contra las «organizaciones ultra». La invocación permanente de un enemigo oscuro y una amenaza latente que dividan la sociedad y justifiquen medidas excepcionales es otra característica de los populismos. El discurso de Pedro Sánchez el miércoles durante el primero de los actos de conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco confirmó que no hay otro objetivo que seguir elaborando la argamasa del muro: la deslegitimación democrática de la oposición, la provocación que excite a la extrema derecha, la ocultación de su propia deriva, la sustitución de la cultura política del consenso por la del antifranquismo para cohesionar a la izquierda y atraerse al nacionalismo. El recurso de Franco es el apero emocional más efectivo para vaciar la centralidad. Por eso, el centro y la derecha democrática no pueden permanecer de brazos cruzados: lo mejor de su propia historia es su contribución a la superación de la dictadura y la recuperación de las libertades, y el sustrato intelectual que la iluminó. Si no lo hacen por su propio orgullo, que lo hagan por los ciudadanos.